Quiénes somos

Proyecto Alianza ciudadana para la transparencia y el desarrollo

Este emprendimiento cuenta con el Cofinanciamiento de la Unión Europea; con el apoyo de OXFAM; y es implementado por Decidamos. Campaña por la Expresión Ciudadana y el Centro de Documentación y Estudios, CDE.

 

Este proyecto apunta a profundizar el proceso de reforma tributaria que posibilitaría el aumento significativo de contribuyentes al fisco, mejorar la inversión social y formalizar la economía de nuestro país. Datos de la Secretaría de estado de Tributación sostienen que si se completa el proceso de reformas y se cierra el circulo de control se tiene un potencial para duplicar los ingresos tributarios. Completar este proceso permitiría desalentar las actividades informales y mejorar las condiciones para la inversión en diversos sectores económicos que en estos momentos no pueden competir con el contrabando y otros tipos de prácticas ilegales que se dan en el el Paraguay.

El Estado paraguayo, arrastra una crónica debilidad institucional, falta de recursos y capacidades que deben ser superados si se quiere encarar un efectivo plan de desarrollo y una sostenida inversión social que no dependan exclusivamente de los préstamos y de la cooperación internacional. Paraguay tiene la presión tributaria y el promedio de inversión social más bajo de la región: 12% del PIB y 162 dólares americanos por habitante respectivamente. El actual gobierno se propone acercarse a los promedios regionales de carga tributaria e inversión social que permitan reducir la pobreza y acercarse al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Aunque el proceso de reforma no plantea cambios muy radicales, permitirá avanzar hacia una mayor equidad del sistema tributario, aplicando impuestos directos que tienen mayor capacidad redistributiva y, por sobre todo, generar recursos genuinos para la financiación de políticas públicas de inversión social. EL proyecto propone que esa inversión se oriente hacia áreas muy sensibles como salud, educación, agricultura familiar campesina y la promoción de la equidad de género que permitan la posibilidad de ejercicio efectivo de esos derechos.

El proyecto contribuirá efectivamente al mejoramiento de los mecanismos de control y participación ciudadana y con ello, necesariamente se fortalecerá el funcionamiento institucional de Estado y del sistema democrático. Asimismo, estimulará el diálogo y la cooperación entre diferentes actores y sectores sociales que desarrollan sus capacidades para potenciar el diálogo social y la construcción de consensos tan necesarios para el fortalecimiento de una cultura democrática.

El proyecto se realizará en Asunción y en localidades de los departamentos de Alto Paraná, Central, Caaguazú, Concepción, Guairá, Misiones y San Pedro. La población de estos departamentos representa un gran porcentaje del total del país y reflejan a su vez la desigualdad en la distribución de las riquezas, la vulnerabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales de la población y el escaso avance que se da en el país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio donde se encuentra una importante parte de la población que vive en condiciones de extrema pobreza.

 

El sistema tributario paraguayo fue siempre altamente regresivo y con una de las presiones tributarias más bajas del continente: 65% de las recaudaciones dependen de los impuestos indirectos y la presión tributaria es solo del 12% del PIB, mientras que en Brasil y Uruguay es de 27% y en la Argentina es del 26%. En el año 2004 se aprueba la Ley de reforma fiscal que tenía por principal objetivo la formalización de la economía, la ampliación de la base tributaria del IVA, la introducción del impuesto a la Renta Personal (IRP) y del impuesto a la renta de las actividades agropecuarias (IMAGRO). Eso permitió algunos avances: se amplió la base de contribuyentes y aumentaron los ingresos fiscales pasando de un déficit fiscal en el año 2002 a sostenidos superávit en los siguientes 5 años. Pero estos recursos aún son insuficientes para implementar políticas sociales que permitan superar los grandes problemas sociales. Una fuerte oposición de poderosos grupos económicos logró suspender la aplicación del IRP por 4 años consecutivos y se debilitó el IMAGRO al permitir tributar sobre renta presunta. La suspensión de la aplicación del IRP no permitió cerrar el círculo de control sobre el patrimonio y los ingresos de los contribuyentes, factor clave para lograr la formalización de la economía.

 

Aunque la participación ciudadana en el proceso de reformas ha sido débil y el debate se redujo a algunos ámbitos, el nuevo contexto favorece el trabajo conjunto entre organismos públicos y la sociedad civil y potencia las posibilidades de incidencia de las organizaciones ciudadanas. Fortalecer las capacidades de incidencia de las organizaciones ciudadanas permitirá ampliar el debate a diferentes sectores de la sociedad a fin de constituir opinión pública y lograr que jóvenes y mujeres tengan un rol más activo en estos procesos.

 

Las acciones previstas estarán centradas en los ejes de comunicación, capacitación, sensibilizacion e incidencia, entre los cuales se encuentran: actos públicos; materiales informativos; vocería; capacitación a organizaciones sociales en sistema tributario, inversión social, herramientas de cabildeo e incidencia a organizaciones; capacitación a estudiantes de la educación media; foros con diversos sectores de la sociedad civil; agenda de incidencia; audiencias públicas con organizaciones de la sociedad, universidades, diputados/as departamentales, autoridades locales y otros.

 

Tanto para la realización de la Campaña como de las demás acciones se elaborarán investigaciones que brinden información sobre el sistema tributario que servirán como insumo. Los temas de las investigaciones serán: Análisis del sistema tributario y potencial de recaudación;       Determinación de los factores de la Cultura Tributaria y elaboración de propuestas para aumentar la responsabilidad fiscal; Simulación de inversión posible y necesaria para financiar programas sociales con el incremento impositivo; Estudio de los niveles y mecanismos de evasión fiscal.